En los últimos meses, el sistema tributario ecuatoriano ha experimentado una serie de ajustes que, más que técnicos, han encendido un debate de fondo sobre los límites del poder fiscal. Para el tributarista Armando Serrano, el problema no radica en una medida puntual, sino en una tendencia. “No es una sola actuación del SRI. Son muchas resoluciones de carácter general que, poco a poco, han ido avanzando más allá de lo que jurídicamente les corresponde”. El punto crítico, explica, es la jerarquía normativa. Las resoluciones administrativas —aunque válidas para aspectos operativos— no pueden modificar elementos esenciales de la obligación tributaria, una facultad reservada exclusivamente a la ley.
IVA en alimentos: la polémica que tocó la mesa de los ciudadanos
El caso más visible ha sido la interpretación del IVA sobre productos básicos como la leche o el pan. Lo que parecía un ajuste técnico terminó generando alarma social. “Cuando se toca la canasta básica, es cuando se toca directamente al ciudadano. Eso genera una reacción inmediata”.
El debate no es menor: ¿puede una resolución redefinir qué se considera “leche” o “pan” para efectos tributarios? Para Serrano, la respuesta es clara: “Si el SRI cambia qué productos están exentos o gravados, está ejerciendo potestad tributaria. Y esa potestad no le corresponde”.
Aunque algunas de las correcciones ya se han realizado tras presión institucional, el problema persiste en decenas de productos que siguen bajo interpretaciones cuestionadas.
Notas de crédito: el golpe silencioso a la liquidez empresarial
Otro punto crítico es la limitación del uso de notas de crédito al 60%. Una medida que, en apariencia técnica, tiene implicaciones económicas profundas. “Si una empresa tiene 100 dólares en notas de crédito y solo puede usar 60, está perdiendo capacidad de liquidez real”.
Más allá del debate legal, el impacto es directo en el dinamismo económico: “Esto reduce la capacidad operativa de las empresas y puede contraer la actividad económica”.
El problema se agrava al restringir su uso exclusivamente a tributos internos, eliminando su aplicabilidad en otras obligaciones fiscales.
Un sistema fiscalista en expansión
Para Serrano, estas medidas responden a una lógica clara: “El SRI tiene como objetivo mejorar la recaudación, pero en ese proceso a veces se excede”.
El resultado es un enfoque que prioriza ingresos fiscales por encima del equilibrio económico, generando tensiones con principios constitucionales como la no confiscatoriedad.
El silencio del contribuyente: entre estrategia y temor
Uno de los aspectos más llamativos es la ausencia de una respuesta colectiva frente a estas medidas. “Las acciones suelen ser individuales, no colectivas. No existe un mecanismo efectivo para que miles de afectados actúen juntos”.
A diferencia de otros países, Ecuador carece de herramientas procesales como las demandas colectivas, lo que limita la capacidad de respuesta ciudadana.
Tributación digital: el desafío del futuro y del presente
El crecimiento de plataformas digitales ha obligado a replantear todos los modelos tributarios tradicionales. Ecuador ha optado por aplicar IVA a estos servicios, pero con una particularidad: “El impuesto lo paga el usuario, no la empresa digital”.
Esto revela un problema estructural: la dificultad de gravar a empresas sin presencia física en el país. “Los conceptos de domicilio y establecimiento permanente están quedando obsoletos”.
El reto, según Serrano, será construir mecanismos más sofisticados que permitan una tributación equitativa en la economía digital globalizada.
El debate tributario en Ecuador ha dejado de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en un tema profundamente político, económico y social. Las recientes actuaciones del SRI evidencian una tensión creciente entre la necesidad de recaudar y los límites que impone el marco legal. Como advierte Armando Serrano, el riesgo no está únicamente en cada resolución aislada, sino en la acumulación de decisiones que, bajo una lógica fiscalista, pueden desdibujar principios fundamentales del sistema tributario.
“El problema no es recaudar más, sino cómo se lo hace y dentro de qué límites”. En un contexto de desaceleración económica y presión sobre los ingresos del Estado, la tentación de ampliar las facultades administrativas puede parecer una salida rápida. Sin embargo, hacerlo sin el debido sustento legal no solo genera inseguridad jurídica, sino que también debilita la confianza en las instituciones.
El verdadero desafío, entonces, no es únicamente mejorar la recaudación, sino lograr un equilibrio sostenible entre eficiencia fiscal, legalidad y dinamismo económico. Porque, al final, un sistema tributario fuerte no se mide solo por cuánto recauda, sino por cuánta confianza genera.
