Link de la entrevista en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=kyd_9nw3tdg¡
Promulgada la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, además del incremento del IVA, también entrarán en vigencia otros impuestos, como la Contribución Temporal de Seguridad, la Contribución Temporal sobre Utilidades de los Bancos y Cooperativas; y el impuesto a la salida de divisas.
Pronunciamientos reiterados de la Corte Constitucional han señalado que el ejercicio de la potestad tributaria en fase legislativa está radicada en el titular del Ejecutivo y en el Legislativo. En efecto, a cada uno le corresponde una función diferente asignada por el constituyente. En el artículo 135 de la Constitución se establece de manera muy clara que, la iniciativa para la formulación de “proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos” solamente le corresponde al presidente de la República. No hay otro funcionario público con potestad para presentar proyectos sobre reformas tributarias.
Al Legislativo le corresponde conocer la propuesta y sancionar la ley de reforma tributaria, haciendo de esta manera posible el mandato del constituyente, previsto en el artículo 301 de la Constitución, “mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos”. Se produce un equilibrio saludable en el ejercicio de esta potestad estatal, el poder tributario. El Ejecutivo tiene la iniciativa de proponer tributos y el legislativo la potestad de sancionar la ley.
En esta ley que tiene como propósito solventar los gastos que se deriven de enfrentar el conflicto armado interno, el único impuesto que ha nacido de la iniciativa del Ejecutivo y por tanto ha dado cumplimiento a la exigencia formal de carácter constitucional, es el que provoca el incremento del IVA. Los demás impuestos, todos los demás impuestos, nacieron de la calentura febril de alguna bancada legislativa que en más de una ocasión ha expresado su vocación de anomia. Marchar contra reglas claras y un contenido indiscutible que, no ayuda a entender el real propósito de esta reforma tributaria que, con seguridad desatará una tormenta de acciones legales que perseguirán su declaratoria de inconstitucionalidad. Conducta que destila haberse lanzado en un entorno inconfesable de opacidad política coyuntural que tensa hacia la desinstitucionalización de un país que se encuentra en estado de cuidados intensivos.
¿Alguno de los legisladores que aprobaron esta ley desconocían que no estaban facultados para proponer estos impuestos? ¿Por qué la necesidad de someter al contribuyente a una carga impositiva tan severa?
Respuestas que parecerían anidar a flor de piel para el común de los contribuyentes, pero para quienes en el legislativo sancionaron favorablemente este proyecto tributario parecen encontrarse en una frecuencia que no sintoniza los mismos intereses. Los sometidos irracionalmente o una carga tributaria que no es sostenible, porque no respeta principios constitucionales de la tributación, además de los señalados, la capacidad contributiva y la necesidad de servirse de estos flujos para temas sustanciales de subsistencia, como seguridad e inversión, como mecanismos elementales de la búsqueda del progreso y empleo, que permitan mejores días al país.
LEY ORGÁNICA PARA ENFRENTAR EL CONFLICTO ARMADO
i. Incremento del IVA
a. Tarifa general al 13% hasta el 15%.
b. Transferencias locales de materiales de construcción 5%
ii. Contribución temporal de seguridad (CTS)
a. Temporalidad: ejercicios fiscales 2024 y 2025.
b. Sujeto pasivo: obtuvieron ingresos gravados durante ejercicio fiscal
2022:
1º. Sociedades (Art. 98 LRTI).
2º. Establecimientos permanentes
c. Excluidos: micro, pequeñas empresas, bancos y cooperativas de ahorro y crédito.
d. Tarifa: 3.25%
e. Base imponible: monto de las utilidades gravadas con el impuesto en la renta del ejercicio fiscal 2022.
f. Plazo declaración y pago: establecidos por resolución SRI, que no podrán ser posteriores al 31 de marzo de 2024 y 2025.
g. Multa: 3% de la obligación generada por cada mes o fracción de mes de retraso, sin necesidad de resolución.
iii. Contribución temporal sobre utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito
a. Temporalidad: utilidad gravada durante ejercicio 2022
b. Sujeto pasivo: Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, residentes ecuatorianos o sucursales extranjeros, que hubieren tenido utilidad ejercicio 2022.
c. Tarifa contribución:
d. Base imponible : utilidad gravada con IR ejercicio 2023.
e. Plazo declaración y pago: Resolución SRI, no posterior a 31/05/2024. No sujeta a facilidades de pago..
iv. Impuesto a la salida de divisas (ISD).
a. Tarifa: Sustituye el artículo 162 de la ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, por un texto que fija la tarifa en 5%.
b. Delega facultades para modificar la tarifa: sustituye la disposición general segunda de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, por una disposición que faculta al presidente de la República para modificar la tarifa de forma general, por sectores o por las variables que considere, previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas.
R.O.S. #516 12-03-2024
La propuesta inicial del Ejecutivo fue incrementar el IVA al 15 %. El Legislativo realizó una contraoferta y creó varias “contribuciones” e incrementó la tarifa impositiva del ISD (impuesto de salida de divisas). Como consecuencia del veto parcial deducido el 6/02/24, el proponente se alzó con el paquete completo, su propuesta y la de la Asamblea, íntegramente.
De manera que cuando se produzca la publicación en el Registro Oficial, decurridos los 30 días, 7/03/24, el Ejecutivo contará con ingresos jugosos, en todo caso, mayores que lo planteado. La pretensión fue menor, no requirió ese volumen de ingresos.
Este proceso farragoso trae varios cuestionamientos. En esta ocasión nos limitaremos a compartir solo el derivado del alcance jurídico del veto parcial propuesto por el Ejecutivo. “Con base en las condiciones de las finanzas públicas y de balanzas de pago, el presidente de la República podrá modificar la tarifa general del impuesto al valor agregado, previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas. En ningún caso la tarifa podrá ser inferior al 13 % ni mayor al 15, salvo las excepciones previstas en esta ley”.
Entre los efectos jurídicos sustanciales, dispone una delegación de facultades a favor del presidente. Tras la promulgación de esta norma se encontrará plenamente facultado para “modificar” la tarifa impositiva del IVA, incrementarla hasta el 15 %, sin necesidad de recurrir al Legislativo.
El artículo 301 de la Constitución de la República (CRE) prevé a texto expreso la titularidad del ejercicio de la potestad tributaria, disponiendo que… “sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos”. El constituyente ha fijado mediante esta norma el principio de legalidad en materia tributaria que se rige por el aforismo nullum tributun sine lege. No hay tributo sin ley previa. Para que haya ley tributaria, se requiere de la iniciativa del Ejecutivo y de la sanción del Legislativo. Caso contrario no se puede “modificar” un tributo.
La Corte Constitucional (CC), Sentencia # 002-15-SIN-CC, citando al tratadista Miguel Carbonell, señala que: “La reserva de ley puede entenderse como la remisión que hace normalmente la Constitución y de forma excepcional la ley, para que sea una ley y no otra norma jurídica la que regule determinada materia. En otras palabras, se está frente a una reserva de ley cuando, por voluntad del constituyente o por decisión del legislador, tiene que ser una ley en sentido formal la que regule un sector concreto del ordenamiento jurídico”.
En materia tributaria se acentúa este contenido por el principio de reserva de ley absoluta, sustentado en lo previsto en el referido artículo 301 de la CRE y el art.4 del Código Tributario.
A pesar de ello, el veto parcial del Ejecutivo, por la falta de votos que la Asamblea no pudo obtener para ratificarse en su contenido original, entrará en vigencia en los siguientes días y provocará una vulneración del principio de legalidad y de reserva de ley en materia tributaria.
Introducción a los temas a tratar
Autoretención
Condonación y Remisión Tributaria
Zonas Francas
El periodo utilizado para el cálculo de la inversión realizada transcurre entre 2015 y 2022. Se establecen algunos elementos operativos para efectos de la aplicación de dicha imposición tributaria, tales como una tarifa impositiva determinada en función de una zona homogénea, en función de la ubicación del predio, valor de la propiedad y nivel socioeconómico de su ubicación.
La tarifa impositiva es variable y se calcula de acuerdo a la inversión realizada en el sector y tiene como finalidad asegurar la distribución racional y equitativa de la contribución especial por mejoras entre todos los beneficiarios, según lo señala la propia ordenanza, en su parte expositiva.
El Cootad señala en su artículo 569 que los llamados a satisfacer este tributo son todos aquellos que se beneficien real o presuntivamente por la construcción de cualquier obra pública municipal. Para quienes podemos apreciar de manera objetiva la obra pública resultará sumamente sencillo admitir que somos sujetos pasivos de dicha obligación tributaria y con toda seguridad procederemos al pago gustosos de una obligación legítima. Sin embargo, la introducción por parte del legislador del término presuntivo le brinda un mayor alcance. Para este efecto, el 573 Ib. establece con mayor precisión qué debe entenderse por presuntivo: “Cuando una propiedad resulta colindante con una obra pública, o se encuentra comprendida dentro del área declarada zona de beneficio o influencia por ordenanza del respectivo Concejo”.
En el caso de la propiedad colindante, sigue siendo un elemento objetivo, muy fácil de determinar por parte del sujeto pasivo. Soy colindante a una obra pública o no, es suficiente apreciarlo para descubrirlo. En el evento de que no fuera así, resulta que tiene que declararse mediante ordenanza que la propiedad del sujeto pasivo se encuentra comprendida dentro del área declarada como zona de beneficio o influencia de la obra realizada.
Elemento que resulta relevante por cuanto los montos establecidos por el Concejo serán cobrados a los 15 distritos en los que se ha dividido todo Guayaquil. Todos los guayaquileños estamos llamados por decisión del Concejo a satisfacer este tributo, Contribución Especial de Mejoras, aunque más de uno podamos observar que en nuestra área no se ha realizado obra municipal.
Las necesidades de obra pública municipal en nuestra ciudad son enormes y para satisfacerla hemos estado permanentemente dispuestos a pagar tributos. La historia puede confirmar tal convicción, pero es indispensable que los sujetos pasivos podamos observar y convencernos de que ahí están (art. 577) la pavimentación, las aceras, cercas, plazas, parques y jardines.
RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EFECIENCIA ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE EMPLEO.
- PILARES SOBRE LOS QUE SE SUSTENTA LA REFORMA TRIBUTARIA
- Impulso inmediato al fomento de trabajo joven
- Incremento de la recaudación tributaria
- Fortalecimiento institucional
- Acciones para combatir las prácticas de EROSIÓN DE BASES IMPONIBLES Y TRASLADO DE BENEFICIOS (BEPS).-
- Simplificación del Sistema Nacional de tributos
- Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias
- Sostenibilidad fiscal
- Incentivo a la inversión
- APP (ALIANZA PÚBLICO PRIVADA)
- ZP (ZONA FRANCA). –
- TEMAS DE INTERÉS
- AUTORETENCIÓN
- CONDONACIÓN Y REMISIÓN TRIBUTARIA
- CONSTRUCCIÓN
- ZONAS FRANCAS – ZF
- ALIANZA PÚBLICO PRIVADA – APP
- AUTORETENCIÓN
La autoretención se inscribe en los temas generales de la siguiente manera:
2.b.- Acciones para combatir las prácticas de EROSIÓN DE BASES IMPONIBLES Y TRASLADO DE BENEFICIOS (BEPS).-
- Regular las operaciones de deuda que involucran tasas que no son del mercado con entidades relacionadas.
- Disminuir el índice de controversias.
- Recaudar de manera inmediata a los valores determinados a favor del fisco.
- Pronto pago.
- Necesidad de renovar el sistema de gestión presupuestaria.
- Fraccionamiento de obligaciones a fin de facilitar el recaudo inmediato.
- Cancelación inmediata de los valores sobre los que considere innecesario la deducción de recursos ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES.
- Implementar el régimen de auto retención de los grandes contribuyentes.
- Simplicidad tributaria.
- Control se realizará únicamente a los 499 grandes contribuyentes.
- Presión fiscal promedio sobre ingresos de grandes contribuyentes, ejercicio 2022, fue aproximadamente 4% .
2.b.8.- IMPLEMENTAR EL RÉGIMEN DE AUTO RETENCIÓN DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO
Artículo 17.- Agréguese al final del artículo 45, lo siguiente:
“Las sociedades consideradas como grandes contribuyentes por la Administración Tributaria no serán sujetas a retención en la fuente del impuesto de la renta por ningún agente de retención, excepto:
- Los contratistas de prestaciones de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en los pagos que realiza el estado ecuatoriano.
- Los ingresos originados en contratos celebrados entre un gran contribuyente con entidades y organismos del Gobierno central, sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas; y,
- Las rentas provenientes de contrato que se efectúan entre un gran contribuyente y las entidades y organismos de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, cantonales, metropolitanos y provinciales, incluidos sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas.
- Las rentas provenientes de contratos que se efectúan entre un gran contribuyente y las entidades de la Seguridad Social.
Las sociedades Grandes Contribuyentes deberán efectuar una auto retención del impuesto a la renta de forma mensual sobre el total de sus ingresos gravados obtenido dentro de dicho mes, excluyendo aquellos que ya fueron sujetos de retención de conformidad con el párrafo precedente. El porcentaje de auto retención será el que establezca el servicio de rentas internas en función de la tasa impositiva efectiva determinada en los procesos de control según su actividad económica habitual. Este constituirá crédito tributario momento de liquidar su impuesto a la renta.
En caso de que el gran contribuyente no pueda diferenciar los ingresos gravados de los exentos, esta auto retención se calculará sobre la totalidad del ingreso percibido mensualmente.
Esta auto retención será liquidada y pagada en el formulario dispuesto por el servicio de rentas internas para la declaración de retenciones en la fuente.
Se exceptúa de la auto retención aquí establecida a las sociedades que, de acuerdo con esta ley, tengan a su cargo otro régimen de auto retención o estén sujetos a un régimen especial para la liquidación del impuesto a la renta.
Aquellos grandes contribuyentes que tengan actividad económica de comercialización o distribución de bienes o servicios bajo la modalidad de comisiones y similares, considerarán como ingreso el valor de la comisión; de tener actividades económicas distintas a la comercialización o distribución de bienes o servicios, la auto retención deberá efectuarse sobre el total de los ingresos gravados.
- INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA: CONDONACIÓN Y REMISIÓN TRIBUTARIA
El incremento de la recaudación tributaria es un macro objetivo, que se inscribe en la política tributaria trazada de la siguiente manera:
- Fortalecimiento institucional
- Acciones para combatir las prácticas de EROSIÓN DE BASES IMPONIBLES Y TRASLADO DE BENEFICIOS (BEPS).-
- Simplificación del Sistema Nacional de tributos
- Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias…
- ACCIONES PARA COMBATIR LAS PRÁCTICAS DE EROSIÓN DE BASES IMPONIBLES Y TRASLADO DE BENEFICIOS (BEPS).-
Macro objetivo que se logra con las siguientes acciones concretas que, están previstas en el ordenamiento legal expedido, pero que por efectos de agilidad solamente trataremos una de estas:
- Regular las operaciones de deuda que involucran tasas que no son del mercado con entidades relacionadas.
- Disminuir el índice de controversias.
- Recaudar de manera inmediata a los valores determinados a favor del fisco.
- Pronto pago.
- Necesidad de renovar el sistema de gestión presupuestaria.
- Fraccionamiento de obligaciones a fin de facilitar el recaudo inmediato.
- Cancelación inmediata de los valores sobre los que considere innecesario la deducción de recursos.
- Implementar el régimen de auto retención de los grandes contribuyentes.
- Simplicidad tributaria.
- Control se realizará únicamente a los 499 grandes contribuyentes.
- Presión fiscal promedio sobre ingresos de grandes contribuyentes, ejercicio 2022, fue aproximadamente 4% .
3º RECAUDAR DE MANERA INMEDIATA A LOS VALORES DETERMINADOS A FAVOR DEL FISCO.
El proyecto inicial se refería solamente a las que administra el gobierno central a través del SRI, sin embargo, en su tránsito por la Asamblea se amplió a otras administraciones tributarias:
3°.a. ADMINISTRACIÓN CENTRAL: SRI.-
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Los contribuyentes que paguen la totalidad de la obligación u obligaciones tributarias vencidas a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley o aquellos contribuyentes que hayan sido notificados con una comunicación de diferencias o actas borrador hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, gozarán de la remisión del ciento por ciento de intereses, multas y recargos derivados de los tributos cuya administración y recaudaciones correspondan al Servicio de Rentas Internas.
El pago deberá realizarse en un plazo máximo de 150 días contados a partir de la publicación de esta ley. Si el pago fuese parcial, no aplicará la remisión.
Si el contribuyente hubiese realizado pagos previos a la entrada en vigencia de la presente ley, se aplicarán las siguientes reglas:
- Cuando los pagos previos alcanzaron a cubrir la totalidad del saldo del capital de las obligaciones, quedarán remitidas; y,
- Cuando los pagos previos no alcanzarán a cubrir la totalidad del saldo del capital de las obligaciones, el contribuyente podrá cancelar la diferencia total con remisión, dentro del plazo establecido en la presente ley.
Si existen procesos pendientes en sede administrativa, judicial, constitucional, arbitral o de Facultad de transigir, los contribuyentes además deberán presentar los desistimientos de los recursos o acciones administrativas, judiciales, constitucionales o arbitrales nacionales y/o internacionales. De lo contrario, al momento de la emisión de la resolución, sentencia o acuerdo según corresponda, los pagos que se hubieren efectuado serán imputados de conformidad con el artículo 47 del código tributario. De la misma manera, el servicio de rentas internas deberá desistir de todos los recursos que hubiere presentado cuando verifique el pago de la totalidad del capital.
Los contribuyentes que se acojan a esta remisión hoy no podrán iniciar acciones o recursos, ordinarios o extraordinarios, en sede administrativa, judicial, constitucional, o en arbitrajes nacionales o extranjeros, en contra de los actos o decisiones relacionadas con las obligaciones tributarias abordadas por esta remisión. Cualquier incumplimiento de esta disposición dejará sin efecto la remisión concedida. Además, ningún valor pagado será susceptible de devolución.
El servicio de rentas internas deberá recibir los pagos de los contribuyentes desde la entrada en vigencia de esta ley.
No podrá acogerse la remisión establecida en el primer inciso, el presidente de la República, asambleístas provinciales y nacionales, ni sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
3°.b. ÓRGANOS SUBNACIONALES:
Gobiernos Autónomos Descentralizados. Agencia Nacional de Tránsito. Servicio Público para Accidentes de Tránsito. Prefecturas.-
Segunda.- los Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como sus empresas amparadas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, agencias, instituciones y entidades adscritas, podrán disponer la remisión del ciento por ciento de intereses, multas y recargos derivados de los tributos cuya administración y recaudaciones corresponda, inclusive el impuesto al rodaje.
Para el efecto, los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán emitir una ordenanza en un término máximo de 45 días.
El pago deberá realizarse en un plazo máximo de 150 días contados a partir de la publicación de esta ley independientemente del tiempo de emisión de la ordenanza.
La remisión seguirá las mismas disposiciones establecidas en la Disposición Transitoria Primera, a excepción del último inciso.
Tercera.- la Agencia Nacional de Tránsito, el Servicio Público Para Accidentes de Tránsito, y las Prefecturas aplicarán la remisión del ciento por ciento de los intereses, multas y recargos de los tributos pendientes de pago que se encuentren bajo su administración y que se recaudan anualmente con el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados por el Servicio de Rentas Internas.
También pueden acceder a la remisión o sujetos que sean propietarios de equipos camioneros y de maquinaria pesada utilizada para la construcción de ingeniería civil, minas y forestales así como la condonación establecida en la disposición general segunda.
Para el efecto, la Agencia Nacional de Tránsito, el Servicio Para Accidentes de Tránsito y las Prefecturas, deberán remitir la normativa secundaria que corresponda en un término de 45 días.
El pago deberá realizarse en un plazo máximo de 150 días contados a partir de la publicación de esta ley independientemente del tiempo de emisión del ordenanza.
Esta remisión seguirá las mismas disposiciones establecidas en la Disposición Transitoria Primera, a excepción del último inciso.
3°.c. CRÉDITO EDUCATIVO:
IECE. IFTH.SENESCYT
Cuarta.- Se dispone la remisión del cien por ciento (100%) del interés y recargos generados por las obligaciones de crédito educativo que hayan vencido o por convenios de pago; la condonación incluye interés por mora, multas y gastos administrativos que se hayan pendientes de pago a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley; siempre que sean derivadas de la instrumentación de créditos educativos concedidos en cumplimiento de las políticas públicas, planes, programas o proyectos de fortalecimiento, formación y capacitación del talento humano, y hayan sido otorgados por cualquier institución pública o por el extinto Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo- IECE-, o que las haya gestionado el también extinto Instituto de Fomento al Talento Humano – IFTH-, actualmente a cargo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación -SENESCYT-SENESCYT, aquellos que se hayan otorgado a través de la banca con fondos públicos.
En los programas de becas y ayudas económicas en las cuales se ha terminado de forma anticipada la relación contractual, procederá la remisión del ciento por ciento (100%) de los intereses que se hubieren generado hasta la vigencia de la presente ley.
Los beneficiarios de este régimen gozarán de doce (12) meses de gracia para el pago de sus obligaciones. Los interesados en acogerse en esta remisión deberán presentar una solicitud a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación- SENESCYT- dentro del término de sesenta (60) días contados desde la fecha de la vigencia de la presente ley.
Dentro del término ciento cincuenta (150) días, contados de la fecha en que se hubiere cumplido el plazo de gracia, los interesados en acceder a esta remisión, deberán pagar al menos el cincuenta (50%) del total de capital adeudado para acceder al ciento por ciento de la remisión de los accesorio del total del capital, así también podrán solicitar la suscripción de un convenio de facilidades de pago con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación – SENESCYT-conforme lo determine el órgano rector de la política pública de educación superior.
Con la presentación de la solicitud para acogerse a este régimen de remisión, se suspenderán los procesos administrativos de cobro y procesos coactivos, así como los efectos que provengan del mismo.
Las disposiciones contenidas en este artículo, respecto de la remisión de intereses demora, multas, recargos y gastos administrativos, y del régimen especial del procedimiento administrativo coactivo derivado de las obligaciones vencidas o convenios de pago, para créditos educativos y becas de educación superior, otorgados por cualquier institución pública o por el anterior Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, IECE, y que haya gestionado el extinto Instituto de Fomento al Talento Humano -IFTH-actualmente a cargo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación – SENESCYT-serán también aplicables para los garantes solidarios, de ser el caso.
3°.d. CONDONACIÓN:
RIMPE. RISE.
IMPUESTOS A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS, AMBIENTAL, A LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR Y AL 1% A LA COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS USADOS, ADMINISTRADOS POR EL SRI.-
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Se condona el pago de los US$60.00 por concepto de impuestos de la renta del ejercicio fiscal 2022 a los contribuyentes que hayan sido considerados RIMPE – Negocios Populares durante dicho periodo. La condonación será respecto de las obligaciones pendientes de pago, quienes ya lo hubieran efectuado no tendrán derecho a la devolución.
SEGUNDA.-se condonan los valores derivados del Régimen Impositivo Simplificado RISE así como los impuestos a la propiedad de vehículos motorizados, ambiental, a la contaminación vehicular y al 1% a la compra venta de vehículos usados, administrados por el servicio de rentas internas, sobre los ajustes, reliquidaciones, redeterminaciones o determinaciones posteriores, que se hayan efectuado por la Administración Tributaria hasta el período fiscal 2023, inclusive.
Además, se condonan las obligaciones vencidas correspondientes al impuesto del 1% a la compraventa de vehículos usados administrados por el servicio de rentas internas y las tasas señaladas en el párrafo anterior y que son administradas por la agencia nacional de tránsito y el servicio público para accidentes de tránsito una vez que se haya verificado que han transcurrido los plazos establecidos en el artículo 55 el código tributario.
De efectuarse procesos de determinación posteriores sobre obligaciones a las que los contribuyentes accedieron al beneficio de esta remisión, los pagos efectuados durante el periodo de remisión deberán ser aplicados directamente al capital, los demás pagos deberán ser considerados como pago previo con las normas de imputación establecidas en el código tributario.
- INCENTIVO A LA INVERSIÓN
- CONSTRUCCIÓN
- ZF
- APP
4.a. CONSTRUCCIÓN.-
Artículo 21.- Agréguese a continuación del artículo 72 los siguientes artículos innumerados:
“artículo (…).- Devolución del IVA pagado para proyectos inmobiliarios.- las personas naturales y las sociedades que hubiesen pagado el IVA en las adquisiciones locales o importaciones de bienes y servicios para la construcción de proyectos inmobiliarios, tienen derecho a su devolución, sin intereses, en un tiempo no mayor a 90 días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito. Los proyectos inmobiliarios deberán ser registrados ante el Ministerio del ramo o la entidad que corresponda, a excepción de aquellos que sean destinados para la vivienda propia y no supere dos proyectos por año.
Las personas naturales que ejecuten más de 2 proyectos no gozarán de la exención prevista en el numeral 14 del artículo 9 de la ley de régimen tributario interno, respecto de la ganancia de capital obtenida en el ejercicio fiscal en el que se haya hecho acreedor de la devolución”
4.b. ZONA FRANCA -ZF-.-
Artículo 43.- sustitúyase el TÍTULO IV Zonas Especiales de Desarrollo Económico del Libro II “Del Desarrollo de Inversión Productiva y de sus Instrumentos” por el siguiente:
“Título IV zonas francas
Artículo 32.- inclúyase a continuación el Título IV, Zonas Especiales de Desarrollo Económico, el siguiente:
Capítulo I
Finalidad, Alcance y Delimitación del territorio de Zonas Francas
Artículo 33.- Ámbito de aplicación: Las disposiciones contenidas en esta ley son de aplicación obligatoria en el territorio ecuatoriano.
Artículo 34.-Definición de Zona Franca: Se entenderá como Zona Franca el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional que, por efectos de esta ley, está sujeta a los regímenes de carácter especial determinados en materias de Comercio Exterior, aduanera, tributaria, financiera, agroindustrial, tecnológicos y de tratamiento de capitales, entonces se desarrollan actividades industriales de bienes, servicios actividades comerciales, entre otras, para efectos aduaneros se considerará un destino aduanero.
Las mercaderías, bienes, materias primas, insumos, equipos, maquinarias, materiales, unidades de carga y demás implementos que ingresen del resto del mundo a las Zonas Francas se considerarán fuera del territorio ecuatoriano, por lo tanto, están exentas del pago de todos los impuestos locales, tributos al comercio exterior y formalidades aduaneras en importaciones.
Los bienes y servicios que salgan de las Zonas Francas hacia el resto del mundo están exentos del pago de tributos al comercio exterior.
Para que se considere o una empresa como usuario operadora o usuaria deberá encontrarse instalada exclusivamente en las áreas declaradas Zonas Francas y garantizar que el desarrollo de su objeto social único y exclusivo sea para actividades a realizarse en la Zona Franca.
4.c. ASOCIACIÓN PÚBLICO – PRIVADAS -APP-
LIBRO II
CREACIÓN DEL RÉGIMEN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES, A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO -PRIVADAS
Artículo 53.-créase el régimen para la atracción de inversiones a través de las asociaciones público-privadas, con el siguiente texto:
TÍTULO I
DEL OBJETO Y ÁMBITO
Artículo 1. Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto, establecer el marco institucional, las normas y procesos aplicables para la participación del sector privado y de economía popular y solidaria, en la gestión de los proyectos públicos de inversión relacionados con infraestructura y servicios públicos o sectores estratégicos, de conformidad con los términos prescritos en la Constitución de la República, el ordenamiento jurídico vigente y esta ley. Esta ley no rige a otras modalidades contractuales delegación que se rigen por leyes sectoriales ni asociativas que se regulan por la Ley Orgánica de empresas públicas. Los directorios de las empresas públicas tienen amplias facultades para emitir su propia normativa para regular dichas modalidades asociativas de acuerdo con la Ley Orgánica de empresas públicas; y, en ejercicio de esa competencia le corresponde al directorio de cada empresa pública determinar los requisitos y procedimientos para la selección de socios privados. De igual manera, es responsabilidad del directorio de cada empresa pública precautelar la legalidad y transparencia del proceso, así como las condiciones de participación de la empresa pública.
Esta ley es de cumplimiento obligatorio para las entidades, organismos e instituciones del sector público, conforme el artículo 225 de la Constitución de la República; así como también para el sector privado o de la economía popular y solidaria que se asocie con el estado, a través de la modalidad de asociación público-privada que regula esta ley.
DEL ALCANCE DE LAS APP Y LOS PRINCIPIOS
Artículo 2. De la Asociación Público – Privada.- se entenderá por asociación público-privada (APP) una modalidad contractual de Gestión Delegada de largo plazo entre una entidad del sector público y un Gestor Privado, para el desarrollo y/o gestión de un activo público o la prestación de un servicio público en el que el gestor privado asume riesgos y responsabilidades significativas durante la vigencia del contrato y, la contraprestación está ligada al desempeño respecto del nivel de servicio y disponibilidad de la infraestructura existente o nueva.
Esta modalidad exige para la aplicación un análisis de conveniencia previo con la finalidad de evaluar comparativamente las opciones de contratación para determinar la mejor alternativa contractual a favor del Estado y podrá aplicarse únicamente en aquellos proyectos públicos que cumplan con los procedimientos establecidos en esta ley, y que superen el valor total de inversión mínimo que defina su reglamento. Los proyectos públicos que no superen dicho monto podrán ejecutarse a través de contratación pública ordinaria, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de contratación pública, sin perjuicio de la aplicación de otras modalidades contractuales de conformidad con el ordenamiento jurídico tales como los mecanismos asociativos determinados en el artículo 35 y 36 de la Ley Orgánica de empresas públicas, independientemente del monto de inversión. El reglamento definirá la oportunidad, metodología y características que debe cumplir el análisis de conveniencia.
Se prohíbe, a través de la modalidad de AP y de la aplicación de la presente ley, la privatización, así como la ejecución de proyectos de exploración y explotación de los sectores de minería y petróleo. La modalidad de AP no sustituirá a las modalidades de participación privada contempladas en leyes especiales aplicables al sector minero y de hidrocarburos.
Con este antecedente, ingresó por primera ocasión en nuestro ordenamiento legal en los 90, con el propósito de desarrollar una zona deprimida económica y social: la provincia de Esmeraldas. No logró su cometido, como tampoco lo hizo en varios países de Sudamérica. Argentina la instaló en el sur de las pampas, donde no tuvo ninguna oportunidad. Solo comprobó que mal diseñada esta figura jurídica sirve poco. La falta de infraestructura, sin medios de comunicación, centros urbanos de consumo y mano de obra calificada, inhabilitan su músculo.
Toda Latinoamérica rediseñó esta figura jurídica y la desarrolló correctamente. Ahora sí demostró su potencial como instrumento de desarrollo económico y social extraordinario. Nuestros vecinos tienen zonas francas desarrolladas que brindan a empresarios una ventaja competitiva extraordinaria sobre la percha internacional.
Lamentablemente, Ecuador desmontó toda la legislación vinculada con ellas y las sustituyó por las ZEDES, que no han prosperado. La ZF necesita un diseño adecuado. Tal como está en la propuesta tiene una estructura jurídica incongruente que desvirtúa su naturaleza.
El 2.º inc. del art. 36 dispone: “las mercaderías, bienes, materias primas, insumos, equipos, maquinarias materiales y demás implementos que ingresen del resto del mundo a las Zonas Francas se considerarán fuera del territorio ecuatoriano, por lo tanto, están exentas del pago de todos los impuestos locales, tributos al comercio exterior y formalidades aduaneras en importaciones”. Esto es un error porque no resulta una práctica o técnica jurídica recomendable hacer definiciones en normas jurídicas, ya que son útiles por poco tiempo porque sus contenidos son superados por la evolución social, que tiene una dinámica diferente y progresos que responden con mayor facilidad a las velocidades propias de los tiempos, negocios.
Adicionalmente contiene un error conceptual grave para la definición de esta figura jurídica, estimar que las mercaderías que ingresan a la ZF se considerarán fuera del territorio ecuatoriano. En doctrina, lo correcto es recurrir a una ficción legal y considerar que la Zona Franca es un territorio extranjero. Por esto, fluye con facilidad que en artículos posteriores se señale que las mercaderías que ingresan al territorio ecuatoriano desde la ZF son importaciones; y, a la inversa, las que egresan del territorio ecuatoriano a estas son exportaciones.
El derecho está lleno de ficciones que sirven para su aplicación plena, entre otras funciones sustanciales, como la que todos conocemos el derecho y su ignorancia no exime a persona alguna.
